La Facultad de Arquitectura y Arte UDD, a través de su Magíster de Arquitectura, organizó un panel de conversación cuyo objetivo era hablar sobre los distintos puntos relacionados a vivienda, ciudad y territorio que aparecen en la propuesta de nueva Constitución que se votará en el plebiscito de este 4 de septiembre. El encuentro contó con la participación de Marisol Peña, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD; y los profesores de postgrado de Arquitectura UDD, Francisco Baranda y Pablo Contrucci.

Pablo Allard, decano de la Facultad, fue el encargado de dar la bienvenida y moderar la actividad. Comentó que se debe buscar la forma de incorporar el acceso a la vivienda en la futura Constitución: “Reconocer este derecho no es solamente plantarlo en el papel, ya que tanto la Constitución de los Países Bajos como la de Haití garantizan el acceso a la vivienda y los resultados son claramente visibles”, manifestó.

Pablo Contrucci se enfocó en los artículos 51 y 52 de la propuesta de nueva Carta Magna, los cuales hablan sobre ciudad y vivienda. “El Derecho a la Ciudad (Art. 52) tiene como consecuencia que el Estado, en su conjunto, tiene que actuar integradamente, por lo que ya no se puede pensar en la actuales políticas habitacionales o urbanas. Cuando se redacta el derecho a la ciudad, se hace mirando a que el Estado entienda al conjunto urbano como una oportunidad única de mejorar su llegada a las personas”, declaró.

Por su parte, Francisco Baranda destacó las distintas interpretaciones que tiene la propuesta con respecto a la vivienda digna. “Cuando los textos legales comienzan a quedar abiertos, las interpretaciones son abiertas y eso genera un tema complejo porque no todos vamos a entender lo mismo”, señaló.

Por último, Marisol Peña se refirió a la propuesta de vivir en entornos seguros, libres de violencia y en condiciones apropiadas, dando un claro ejemplo de cómo funcionan los ordenamientos. “Cuando hoy día se escriben los derechos en las constituciones tenemos que entender que son directamente justiciables. Por lo tanto, ¿Se imaginan a una persona recurriendo a los tribunales para que le garanticen el derecho a vivir en una ciudad libre de violencia? Habría más recursos de protección que los existen actualmente por el alza de los planes de salud”, concluyó.