LA RECIENTE declaratoria del denominado “Lote 18-A1” de la Villa San Luis en Las Condes como Monumento Nacional por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, ratificada el pasado miércoles por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, pone en evidencia la precariedad de nuestra institucionalidad urbana así como la urgencia de contar con políticas y programas de conservación del patrimonio arquitectónico acordes con el valor tangible e intangible de las obras.
En el caso específico de los terrenos de Villa San Luis, la declaratoria abre un flanco grave de incerteza jurídica, debido a la premura y urgencia con que se tramitó y a los gravámenes que impondría respecto a derechos legítimamente adquiridos por sus actuales propietarios.
Estos últimos, siguiendo la legislación vigente, presentaron un anteproyecto de edificación que fue aprobado por el municipio al cumplir todas las normativas y condiciones urbanas exigidas, e incluso ya había obtenido permiso de demolición. Lo incomprensible de esta situación es que el Estado, que por décadas fue propietario del conjunto y nunca mostró interés en conservarlo como patrimonio, vende el terreno a una inmobiliaria que paga su valor comercial, para que años más tarde el mismo Estado bloquee su desarrollo por presiones políticas.
Nadie duda del valor histórico del proyecto original desarrollado en los años sesenta por el arquitecto de la Coorporación del Mejoramiento Urbano (CORMU)Miguel Eyquem y construido durante la Unidad Popular bajo la dirección de Miguel Lawner como un modelo de integración social basado en los preceptos del urbanismo moderno.
Sin embargo, a casi medio siglo de su construcción, y atendiendo a las dinámicas propias del desarrollo de la ciudad, las dos estructuras que precariamente siguen en pie en el mencionado lote no representan un valor urbano o arquitectónico que amerite su conservación.
