DÍAS ATRÁS, cinco proyectos inmobiliarios fueron premiados en la 1ª versión del Premio Aporte Urbano PAU, organizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Los proyectos ganadores eran tan diversos como un edificio que activa una plaza abandonada en Calama, un conjunto habitacional con innovadores espacios de uso público en Alto Hospicio, la recuperación del “elefante blanco” del ex hospital Ochagavía, la notable inserción urbana del Mall Patio Bellavista y el diseño urbano integrado del centro de negocios Nueva Las Condes.

Pese a la diversidad de estos proyectos, sumado a las decenas de finalistas, todos tenían algo en común: Más allá de maximizar la rentabilidad o sobrepasar la norma con artilugios especulativos, todos ellos consideraban la idea de generar valor compartido para la ciudad más allá de lo que la normativa les exige o lo que sus legítimos intereses inmobiliarios consideren.

En este contexto, y a la luz de estas demostraciones tangibles del círculo virtuoso de provisión privada de bienes públicos, llama la atención el giro que está tomando la discusión en el Senado de la llamada Ley de Aportes al Espacio Público. Esta ley surgió el 2012 con el propósito de que las mitigaciones de nuevos proyectos inmobiliarios no sólo consideraran impactos viales sino también la construcción de espacios públicos y áreas verdes de manera de revertir la “deuda urbana” de nuestros barrios, con un método simple y claro de pago de aportes directos.

http://voces.latercera.com/2015/12/14/pablo-allard/aportes-urbanos/