El pasado 22 de octubre, se celebró el V Congreso Nacional de Concesiones. Organizado por el gremio de empresas concesionarias de obras de infraestructura pública Copsa, el evento fue abierto por la Presidenta Bachelet, quien reconoció que la asociación público-privada ha significado una inversión sobre US$ 15 mil millones y ha cambiado la realidad de la infraestructura pública de Chile. La Mandataria incluso comprometió licitar durante lo que queda de su gobierno proyectos de infraestructura por US$ 7 mil millones, noticia recibida con incrédula esperanza por la audiencia.

En este contexto de buenas intenciones, llaman la atención dos hechos contradictorios. El primero es la evidente hostilidad política que la Mandataria demostró hacia las concesiones al cancelar el programa de hospitales. El segundo es la grave sequía de proyectos en cartera pese a la evidente necesidad de contar con más y mejores carreteras, embalses, puertos, cárceles, hospitales y equipamiento social.

Si bien la industria todavía no se recupera de la desconfianza instalada luego del caso MOP-Gate, este vacío de proyectos se produjo durante el primer gobierno de Bachelet, en parte por el afán revisionista de su ministro Bitrán. A dos décadas del inicio de las concesiones no contamos con una Política Nacional de Infraestructura, y pese a los esfuerzos de organizaciones como el Consejo de Políticas de Infraestructura para promoverla como agenda de estado y no del gobierno de turno, se ve difícil encontrar buenos proyectos públicos que permitan a la Presidenta alcanzar la meta de US$ 7 mil millones licitados.

http://voces.latercera.com/2015/11/02/pablo-allard/del-dicho-al-hecho/